ZBE sin multas en 2026: cinco ciudades con zona aprobada o anunciada que aún no sancionan por etiqueta

«ZBE sin multas» es una etiqueta cómoda, pero esconde situaciones jurídicas que no tienen nada que ver entre sí. Hay ciudades con una ordenanza en vigor que aplaza la restricción años; ciudades con una ordenanza que nunca pensó restringir por etiqueta; ciudades con la zona en marcha que solo actuaría en episodios de contaminación; y ciudades que todavía están en el borrador. Este análisis recorre cinco de ellas con lo que consta en fuentes oficiales a 4 de octubre de 2026, separa lo verificado de lo que solo cuenta la prensa y explica por qué ocurre. Si buscas otras ciudades en una situación parecida, ya tienes las páginas de Valencia y de Murcia, que tampoco sancionan por etiqueta.

Elche: ordenanza en vigor, restricción aplazada y tres calendarios

En Elche la ZBE existe sobre el papel desde hace casi tres años. El Pleno aprobó de forma definitiva la ordenanza el 22 de diciembre de 2023, con los votos de PP y Vox a favor y los de PSOE y Compromís en contra, y el texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 245, del 26 de diciembre de 2023. Un buscador nos devolvió la fecha del 27, pero el PDF del boletín dice 26. El Anexo 2 de ese texto es el dato más llamativo: los vehículos sin distintivo pueden circular y estacionar libremente hasta el 31 de diciembre de 2049. Los que llevan etiqueta B, C, ECO o Cero, las bicicletas, los taxis y los vehículos de personas con movilidad reducida entran sin autorización.

Después, la situación se complicó. El Ayuntamiento modificó los anexos 2 y 3 por decreto de Alcaldía el 30 de diciembre de 2025, con efectos desde el 31 de diciembre, y su nota de prensa de ese día explica que la ZBE entra en vigor sin restricciones generales. Durante la primera fase, hasta 2030, solo se restringiría a los vehículos municipales, los autobuses y los de las empresas concesionarias que no tengan distintivo; al resto únicamente se le limitaría el acceso en episodios de contaminación, que según la propia nota «nunca ha ocurrido en Elche». Aquí conviene advertir de nuestro límite: no hemos podido leer el texto de los anexos modificados, porque no localizamos su publicación en el BOP. La prensa (Alicante Plaza, 31 de diciembre de 2025) habla de etiqueta B desde el 1 de enero de 2029 y C desde el 1 de enero de 2030 en determinadas zonas y menciona una fecha de 2028 para los sin etiqueta, pero la misma nota municipal reconoce que el documento técnico y la ordenanza no coinciden en las fechas. Ese calendario no es fiable como regla.

El perímetro de la primera fase es pequeño: según el proyecto técnico que cita la prensa, 0,22 kilómetros cuadrados en el margen este del río Vinalopó; el conjunto de la «ZBE Centro» rondaría 1,15 kilómetros cuadrados y la tercera fase, la «ZBE Elche», unos 3,75. El sistema de control, según Alicante Plaza, prevé 69 cámaras de lectura de matrículas y 38 de analítica de vídeo, y las primeras se instalaron en octubre de 2025 «sin carácter sancionador», según Guilabert, citado por Alicante Plaza. Si algún día se activa la multa, el artículo 14 de la ordenanza la fija en 200 euros, con un recargo del 30 % por reincidencia en un año. Hoy no se aplica a nadie. Los vehículos de personas domiciliadas en la zona tendrán que inscribirse en el registro municipal, pero sin restricción general no es exigible y no consta una web de trámite. En la oposición, Compromís y PSOE denunciaron que la ordenanza «perpetúa la contaminación», y el PSOE llevó a la Comisión Europea, a través de un eurodiputado, una pregunta en la que sostiene que incumple la ley (Diario de Alicante, sin fecha verificada).

Cartagena: una ZBE «blanda» que nunca prometió etiquetas

Cartagena es el caso más claro de que sin multas no significa sin norma. Su ordenanza se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 94, del 25 de abril de 2023, y entró en vigor al día siguiente. La web municipal lo dijo con todas las letras el 7 de febrero de 2023: «en Cartagena no serán necesarias las etiquetas ambientales ni habrá prohibiciones de tráfico en la ZBE». El texto la concibe como un proyecto piloto, reversible y ampliable, con dos ámbitos: el Casco Histórico (calle Real, Carlos III, Capitanes Ripoll, avenida Trovero Marín, Cuesta del Batel y paseo de Alfonso XII) y el Ensanche (paseo de Alfonso XIII, Alameda de San Antón, avenida Reina Victoria y calle Juan de la Cosa), al que Murcia Plaza añadió la calle Ramón y Cajal en julio de 2024.

Lo que sí permite la ordenanza, en sus artículos 10 a 12, son medidas temporales o experimentales: peatonalizar tramos del Casco Histórico con acceso solo a vecinos autorizados y comerciantes en carga y descarga, activar restricciones durante un episodio de contaminación declarado por la Región de Murcia o cuando haya mucha afluencia de peatones, por ejemplo con cruceros o fiestas. Se pensaron de lunes a viernes, las 24 horas, y siempre reversibles. La prensa ha extrapolado «24 horas los 365 días», pero eso no está en el texto. Ninguna de estas medidas está activada que sepamos. La ordenanza remite en su artículo 18 al artículo 76.z3 de la ley de Tráfico y clasifica en el 19 las infracciones propias, pero no fija importes: la cifra de 200 euros con pronto pago que circula en algunos agregadores no figura en el texto, así que no la damos para Cartagena.

La novedad de 2026 no es sancionadora. El 29 de enero la Universidad Politécnica de Cartagena informó de la participación de la ciudad en el proyecto europeo SuperGREENBlocks, de 2,72 millones de euros y con unos 700.000 euros para Cartagena, que implantará supermanzanas en el Ensanche y que describe la ZBE como «de carácter blando», un laboratorio urbano. En julio de 2024 Murcia Plaza recogía que un cambio normativo en trámite «posiblemente obligue a imponer algún tipo de sanción»; no hemos encontrado desde entonces ninguna noticia que lo confirme.

Castellón de la Plana: ZBE en vigor para que «nadie note nada»

Aquí el estado jurídico sale casi entero de la prensa, y hay que decirlo. No hemos podido leer el texto de la ordenanza ni su publicación en el boletín de la provincia: la web del Ayuntamiento devuelve una página vacía a una consulta automática y no localizamos el BOP de diciembre de 2025. Con esa cautela, el relato es el siguiente. El Pleno aprobó con los votos de PP y Vox, con la abstención de Compromís y PSOE, la ordenanza de Movilidad Sostenible el 31 de julio de 2025 (según ElPeriódic). La Junta de Gobierno aprobó la delimitación de la ZBE el 13 de noviembre, tras resolver alegaciones, y el Pleno la aprobó de manera definitiva el 27 de noviembre de 2025, esta vez con Compromís y PSPV en contra. Una crónica de Castellón Plaza del 23 de diciembre habla de publicación y entrada en vigor esa misma semana, sin precisar el boletín, y la zona figura «en vigor» desde el 1 de enero de 2026.

El modelo es deliberadamente mínimo. Todos los vehículos pueden entrar sin importar su etiqueta; solo en un episodio puntual de contaminación elevada se podrían tomar medidas temporales, como limitar el acceso a residentes, cruzando padrón y datos de la DGT sin tarjeta alguna. El edil Ramírez dijo en julio de 2025, según Castellón Plaza, que el 1 de enero «no notarán ninguna diferencia». No consta la franja horaria, el umbral que activaría las medidas, el importe de la sanción ni las excepciones, porque dependen de unos anexos que no hemos leído. Tampoco hay un perímetro fiable: la web municipal de la ZBE, aún anclada en el proyecto del gobierno anterior, habla de 745.000 metros cuadrados dentro de la Ronda Centro, mientras ElPeriódic describía en 2024 otro recorrido, entre las rondas Magdalena y Mijares y las calles Gobernador y Casalduch; no sabemos cuál quedó en el texto final.

El giro político es la clave de lectura. El gobierno de PP y Vox rediseñó el proyecto de la anterior corporación, que restringía y tenía cámaras, y Compromís y PSPV lo llaman «oportunidad perdida» y «barra libre al coche», con riesgo para fondos europeos. El Defensor del Pueblo, por su parte, recomendó al Ayuntamiento el 3 de diciembre de 2024 tramitar la ZBE sin dilaciones. Con la reforma de la supermanzana, más de 40 calles y 11 millones de fondos europeos, el centro ha ganado espacio peatonal por una vía distinta a la de la etiqueta.

Jerez de la Frontera: el caso atípico, sin etiqueta pero con cámaras

Jerez rompe el esquema de este análisis porque su ZBE sí vigila, solo que no pregunta por la etiqueta. El Pleno aprobó inicialmente la ordenanza el 31 de enero de 2025, con anuncio en el BOP de Cádiz número 35 de 20 de febrero, y de forma definitiva el 25 de julio de 2025; el texto íntegro se publicó en el BOP número 168 de 3 de septiembre de 2025. La web municipal sitúa el funcionamiento «a partir del 4 de enero de 2026», el registro de vehículos estuvo abierto del 7 de enero al 15 de febrero y el control por cámaras de lectura de matrícula arrancó el 15 de febrero.

La ZBE son las calles intramuros del casco histórico, con las vías perimetrales excluidas. La Zona 1, de carácter permanente y a todas horas, solo admite vehículos autorizados e inscritos en el registro municipal, con independencia de su etiqueta: el propio Ayuntamiento aclaró el 9 de enero de 2026 que el distintivo de la DGT «no sería necesario, ya que con la autorización es suficiente». La Zona 2 solo se activaría con el protocolo de alta contaminación, que según el Ayuntamiento nunca ha tenido que declararse. Se autoriza a residentes (si ya tienen la autorización ORA de residente entran de oficio), titulares de garaje, personas con movilidad reducida, servicios esenciales, hoteles, carga y descarga de lunes a sábado de 7 a 10 y de 16 a 18 horas y actos o eventos. Quien se dirige a un aparcamiento público del centro no necesita autorización. No consta un pase puntual para visitantes sin ninguno de esos motivos.

¿Se multa? La ordenanza tipifica la entrada sin autorización como infracción grave del artículo 76.z3 de la ley de Tráfico, con una multa de hasta 200 euros, y considera reincidencia más de una infracción en un mes. Pero el Ayuntamiento anunció en enero que, a partir del 15 de febrero, «no se van a llevar a cabo sanciones directas» y que primero habría un aviso. No hemos encontrado ninguna nota ni noticia posterior a febrero que anuncie el fin de los avisos o las primeras multas, y COPE señaló el 2 de enero que el Ayuntamiento no había fijado plazos. Los agregadores que hablan de «200 euros automáticos» o de un nivel mínimo Euro 3 o Euro 4 contradicen la ordenanza. El gobierno local presenta la norma como «la menos restrictiva de toda España», aprobada por imposición legal y con más de 250.000 euros en subvenciones al transporte urbano. Las calles de la Zona 1 ya eran peatonales o restringidas a residentes; lo nuevo es la cámara.

Las Palmas de Gran Canaria: la ZBE que todavía no es ordenanza

En la capital de Gran Canaria no hay nada que aplicar porque no hay nada aprobado. Lo único público es un borrador de ordenanza presentado el 6 de febrero de 2025 (18 artículos, tres títulos y dos anexos), un proyecto piloto en el barrio de Las Alcaravaneras y la instalación de sensores de calidad del aire que Sagulpa inició en abril de 2026. La ficha del Gobierno de Canarias, consultada el 4 de octubre, confirma que el horario de funcionamiento «se establecerá una vez que se apruebe la ordenanza municipal»; no hemos hallado el texto en la web municipal ni en el boletín de la provincia, ni noticia de una aprobación inicial en el Pleno. Las previsiones se han ido deslizando: «durante 2025» según el Ayuntamiento en febrero de 2025; aprobación en el primer trimestre de 2026 y puesta en marcha en el «último cuatrimestre de 2026» según la memoria de Sagulpa que recogió Canarias7 el 16 de octubre de 2025. Ya en 2024 el Ayuntamiento había informado al Defensor del Pueblo de que llevaría la ordenanza al Pleno de septiembre de ese año, algo que no sucedió.

Lo previsto es un perímetro de 62.170 metros cuadrados y unos 4.000 habitantes, con cuatro puntos de acceso, entre las calles Valencia, Alemania y Bilbao y las transversales Víctor Hugo, Blasco Ibáñez, Italia y Alfredo Calderón; las vías del perímetro quedarían fuera de la restricción. Según el Ayuntamiento, tendrían acceso libre los vehículos Cero emisiones y ECO, y los demás, es decir B, C y sin etiqueta, solo con excepciones: empadronados en la zona, titulares de plaza de garaje, negocios o servicios esenciales. Hay una discrepancia que conviene reflejar: Atlántico Hoy escribió el 24 de enero de 2026 que la restricción afectará «a los vehículos sin etiqueta», con 66.492 coches en esa situación. Nos fiamos de la versión municipal, pero la duda no se resolverá hasta que se publique el texto. La multa proyectada es de 200 euros, con hasta un 30 % más por reincidencia, y la prensa apunta a seis meses de avisos antes de multar. Esos seis meses, el horario y las excepciones son todavía proyecto.

Por qué hay ZBE aprobadas que no restringen: lo que dice y no dice la ley

El origen común está en el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética (BOE-A-2021-8447). Obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a adoptar planes de movilidad urbana sostenible que incluyan «el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023», y define la zona de bajas emisiones como un ámbito continuo delimitado por una Administración «en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire», conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones del Reglamento General de Vehículos. Dos cosas son verdad a la vez. La ley sí contempla restricciones por clasificación, de modo que una ZBE sin ninguna restricción se aleja de su definición, y eso alimenta las acusaciones de incumplimiento que hacen PSOE y Compromís. Pero el artículo no dice qué etiquetas se restringen, desde qué año ni con qué intensidad, y esos detalles los fija cada Ayuntamiento.

En ese margen caben soluciones muy distintas. Elche aprueba una ordenanza y la hace efectiva en 2030. Cartagena la plantea como laboratorio. Castellón la reduce a los episodios de contaminación. Jerez la limita a un casco que ya era restringido. Las Palmas la presenta como piloto de un barrio. A esa libertad se suma la presión económica: el gobierno municipal de Jerez afirma que aprueba la ordenanza por imposición legal y para no perder subvenciones al transporte; en Elche, la prensa recogió que PP y Vox la aprobaron por obligación legal y por los fondos europeos Next Generation; en Castellón, la prensa cita la pérdida de ayudas al transporte y de fondos europeos; en Gijón, el PSOE sostiene que la falta de una ZBE efectiva costó ayudas estatales al transporte público. Son afirmaciones de los protagonistas y no hemos verificado en el BOE la norma que condiciona cada ayuda, así que las damos como lo que son. La consecuencia práctica es una paradoja: la ley y los fondos empujan a tener ZBE, y la política local empuja a que no moleste. Si quieres ver el otro lado, en Gijón el proyecto sigue la misma lógica, con sanciones aplazadas a 2029.

Qué hacer mientras tanto

Lo sensato es tratar el «sin multas» como una fotografía de hoy. Comprueba la etiqueta de tu coche con la calculadora ZBE por matrícula y, si no la tienes, mira cómo solicitarla en la guía de la etiqueta ambiental de la DGT. Si tu coche es antiguo o catalogado, revisa los permisos en vehículo histórico y ZBE. En Jerez, registra el coche si vas a entrar con frecuencia. Y si algún día te llega una sanción de una ZBE por un registro mal hecho, la plantilla de recurso por residente no registrado te sirve de punto de partida. Para entender cómo detectan las cámaras tu matrícula, lee cómo controlan las ZBE. Y en el listado de todas las ciudades tienes el estado de las demás.