ZBE Vigo: activada de la noche a la mañana, sin sanciones hasta 2027

Vigo amaneció el jueves 10 de septiembre de 2026 con una ciudad distinta a la que se había acostado la noche anterior. Durante la madrugada, cuadrillas municipales recorrieron el centro, Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario instalando señales verticales y marcas en el asfalto que anunciaban, sin previo aviso público, la entrada en vigor de las cuatro Zonas de Bajas Emisiones de la ciudad. No hubo rueda de prensa previa ni campaña informativa que preparara a conductores y comercios para el cambio; lo que hubo fue una ordenanza aprobada meses atrás, un despliegue técnico terminado en silencio y una mañana de confusión que la propia oposición municipal calificó, con matices distintos según el partido, de despropósito.

Lo que sigue explica qué son exactamente estas cuatro zonas, qué cambia hoy para quien conduce por Vigo, cuándo empezarán a cobrarse de verdad los 200 euros de multa y por qué el propio Concello activó las restricciones antes de tener lista la herramienta para tramitar los permisos que la misma ordenanza exige.

Cuatro zonas, un mismo reglamento: Centro, Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario

La Zona de Bajas Emisiones de Vigo no es un único polígono, sino cuatro áreas separadas que comparten normativa y calendario. La más extensa es la del Centro, que ocupa buena parte del casco histórico y comercial delimitado, a grandes rasgos, por las calles Cánovas del Castillo, Carral, Urzaiz, Colón, Ronda de Don Bosco, Falperra, Pi y Margall y la avenida de Beiramar. La segunda, más pequeña, rodea la Praza de Portugal y las calles Lepanto, Alfonso XIII, Uruguai, República Argentina y Cervantes. La tercera cubre el entorno de O Calvario, entre Jenaro de la Fuente, Martínez Garrido y las calles de Andalucía y San Roque, mientras que la cuarta protege Bouzas, junto al puerto, entre Paz Andrade, Eduardo Cabello y la avenida da Atlántida. Entre las cuatro suman algo más de 67 hectáreas, apenas un 0,6 % del término municipal, según los cálculos que el propio Ayuntamiento trasladó a la prensa cuando la ordenanza se aprobó.

Ese dato, un 0,6 % de la superficie municipal, resulta relevante porque contradice la sensación de "toda la ciudad afectada" que dejó la señalización simultánea en cuatro puntos distintos. La restricción es, en superficie, modesta; lo que la hace notar es que coincide con los barrios de mayor densidad de tráfico y comercio de Vigo, de modo que su impacto práctico —en número de trayectos diarios que cruzan alguna de las cuatro zonas— es mucho mayor que su tamaño sobre el plano.

Del pleno del 27 de julio a la señalización nocturna del 10 de septiembre

La ordenanza que regula estas cuatro zonas se aprobó definitivamente en el pleno municipal del lunes 27 de julio de 2026, con los votos a favor del grupo socialista, que gobierna Vigo en mayoría, y el rechazo conjunto del Partido Popular y del Bloque Nacionalista Galego. El portavoz socialista defendió la norma como el cumplimiento de una obligación legal, la que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética impone a los municipios de más de 50.000 habitantes desde 2021. Ni el PP ni el BNG discutieron esa obligación de fondo, pero ambos rechazaron el diseño concreto elegido por el gobierno municipal, cada uno por razones que resultarían casi contrapuestas si no hubieran coincidido en el mismo sentido del voto.

Entre la aprobación de julio y la activación de septiembre transcurrieron algo más de seis semanas, el tiempo que necesitó el Concello para publicar la ordenanza en el boletín oficial de la provincia, instalar la infraestructura de cámaras y completar la señalización de las cuatro zonas. Lo que no llegó a tiempo, según denunció la oposición el mismo día de la puesta en marcha, fue la aplicación digital para solicitar autorizaciones de acceso, un instrumento que la propia ordenanza permite habilitar hasta dos meses después de la entrada en vigor, pero que muchos vecinos y comerciantes daban por hecho que estaría lista desde el primer día.

Por qué se habla de activación "por sorpresa"

El calificativo no es una exageración periodística: fue el que emplearon, con matices, tanto medios locales como la propia oposición municipal. La instalación de la señalización se completó de madrugada, sin nota de prensa previa del Concello anunciando el día exacto, de modo que buena parte de la ciudad se enteró de que la ZBE ya estaba activa al cruzarse con los nuevos carteles y las marcas en el pavimento. El concejal popular Miguel Martín resumió la crítica calificando la puesta en marcha de "un auténtico despropósito" y la definió como la culminación de un proceso marcado, a su juicio, por el "oscurantismo, la opacidad y la mentira constante" del alcalde Abel Caballero. El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, empleó un adjetivo distinto pero igual de duro, "clandestina", para describir la forma en que se activaron las restricciones sin que la ciudadanía tuviera ocasión de prepararse.

Conviene matizar, sin embargo, que ambos partidos coincidieron en el reproche de fondo, la falta de aviso, pero discreparon en el diagnóstico de fondo sobre la ordenanza. El PP centró buena parte de sus críticas en la ausencia de alternativas de transporte público reales antes de restringir el acceso en coche y en el importe de la multa, 200 euros, que Martín calificó de castigo desproporcionado para miles de familias trabajadoras. El BNG, por su parte, no cuestionó la dureza de la sanción sino la generosidad del diseño: Pérez Igrexas sostuvo que las numerosas excepciones previstas generan tanta confusión que terminan diluyendo el efecto ambiental de la medida, y apuntó que el resultado más probable sea un desplazamiento del tráfico hacia calles colindantes antes que una reducción real de emisiones. Es decir: la misma ordenanza fue acusada, el mismo día, de ser a la vez demasiado dura y demasiado laxa, según quién la juzgara.

Cuándo multarán de verdad: el año que corrige a los agregadores

Aquí conviene despejar la confusión que circula por internet sobre las fechas. Antes de que la ordenanza se publicara y la ZBE se activara realmente, varias páginas dedicadas a catalogar zonas de bajas emisiones en España manejaban noviembre de 2026 como fecha probable de entrada en vigor, una previsión razonable en el momento en que se escribió pero que quedó superada por lo que el Concello acabó ejecutando. Lo que confirma la cobertura publicada el mismo día de la activación, y en los días inmediatamente posteriores, es distinto: la ZBE entró en vigor el 10 de septiembre de 2026, pero la propia ordenanza establece un periodo de adecuación de un año completo durante el cual la Policía Local y el sistema de cámaras solo emiten avisos informativos, sin sanción económica. Ese año se cumple el 10 de septiembre de 2027, fecha a partir de la cual el régimen sancionador, con la multa de 200 euros por acceso no autorizado, pasa a aplicarse de forma efectiva.

Dicho de otro modo: quien lea que Vigo "ya multa" por la ZBE, o que lo hará en noviembre de 2026, está manejando información desactualizada o incorrecta. Lo que existe desde septiembre de 2026 es una restricción real, con cámaras operativas y señalización en la calle, pero sin coste económico para quien la incumple durante el primer año. Es un diseño distinto al de otras ciudades españolas que analiza ConductorPro, como Pamplona, donde la multa fue real desde el primer día sin ningún periodo de gracia, o Getafe, donde las sanciones empezaron apenas un mes después de la entrada en vigor de la ordenanza.

Quién puede entrar hoy sin hacer nada, y quién necesita un permiso que aún no existe

Mientras dura el año de avisos, en la práctica cualquier vehículo puede circular por las cuatro zonas sin consecuencia económica, tenga o no la etiqueta correspondiente. Eso no significa que el reglamento de excepciones sea irrelevante: define quién quedará exento cuando el régimen sancionador entre en vigor de verdad, y conviene empezar a regularizar la situación cuanto antes, sobre todo si se depende de alguna de las casi veinte excepciones recogidas en la ordenanza. Entre ellas están los vehículos domiciliados y dados de alta en el impuesto de circulación de residentes de las propias zonas, los coches y furgonetas vinculados a negocios o autónomos con sede dentro del perímetro, los de personas con movilidad reducida, los de emergencias y servicios públicos, las motocicletas y ciclomotores entre las siete de la mañana y las diez de la noche, los vehículos de movilidad personal, los históricos, los taxis y VTC, los autobuses de transporte colectivo y los vehículos de trabajadores de turno de noche entre medianoche y las siete y media de la mañana. Se suman accesos puntuales para visitas médicas, centros educativos y entrada a aparcamientos.

El problema, señalado por la oposición el mismo día de la activación, es que la plataforma digital para solicitar estas autorizaciones no estaba operativa cuando las restricciones empezaron a aplicarse. La ordenanza contempla un margen de hasta dos meses desde la entrada en vigor para poner en marcha ese sistema, un plazo que, técnicamente, el Concello todavía no ha incumplido, pero que dejó a residentes, comerciantes y personas con movilidad reducida sin una vía clara para tramitar su situación durante las primeras semanas. La portavoz popular Luisa Sánchez reclamó, ante ese vacío, habilitar un teléfono de información y una oficina física de atención en las dependencias municipales mientras se resuelve el desarrollo de la aplicación. Quien necesite anticipar qué etiqueta le corresponde a su vehículo, con vistas a cuando el sistema esté operativo, puede consultarlo en la calculadora ZBE por matrícula de ConductorPro.

Cámaras, control y la pregunta pendiente sobre alternativas de transporte

El control de las cuatro zonas se hace mediante lectura automática de matrícula: la prensa que cubrió el despliegue técnico habló de un sistema de decenas de cámaras repartidas por los accesos, capaces de identificar los vehículos que entran y salen sin necesidad de que un agente esté presente físicamente en el lugar. Esa infraestructura ya estaba operativa el mismo 10 de septiembre, lo que explica que los avisos informativos empezaran a generarse desde el primer día, aunque sin traducirse todavía en sanción económica. Lo que no ha detallado con la misma claridad el Concello, al menos en la información disponible hasta la fecha de esta revisión, es el despliegue completo de aparcamientos disuasorios y de refuerzos de transporte público pensados para absorber a quienes hoy no cumplen los requisitos de acceso. Fue, de hecho, una de las críticas más repetidas del PP: que se active la restricción antes de garantizar alternativas reales para llegar al centro sin coche propio.

Esa ausencia de detalle no equivale a que no exista ningún plan; equivale a que, con las fuentes consultadas para este análisis, no hemos podido confirmar un listado cerrado de aparcamientos disuasorios específicamente vinculados a la ZBE, ni una ampliación concreta de líneas de autobús urbano coincidente con la activación de septiembre. Preferimos señalarlo así, en lugar de dar por bueno un dato que no hemos verificado en una fuente municipal oficial.

Las fases que vienen: etiqueta B y C, sin fecha oficial cerrada

El diseño de la ordenanza sigue el patrón habitual de las zonas de bajas emisiones más exigentes: primero se restringe el acceso a los vehículos sin ningún distintivo ambiental de la DGT, y en fases sucesivas se añaden la etiqueta B, la más numerosa entre el parque circulante español, y después la C. Ese orden de fases sí está confirmado por la propia ordenanza y por la cobertura de su aprobación. Lo que no hemos podido verificar con una fuente municipal oficial es la fecha exacta en que cada fase entrará en vigor: algunas páginas dedicadas a zonas de bajas emisiones han empezado a publicar años concretos, 2028 para el aviso a la etiqueta B, 2029 para su sanción efectiva, 2030 y 2031 para la etiqueta C, pero esas fechas no aparecen respaldadas por ningún acuerdo del Concello que hayamos podido localizar, así que las tratamos como estimaciones de terceros, no como calendario oficial confirmado. Quien compre hoy un coche pensando en circular por el centro de Vigo debería tener en cuenta que la etiqueta B, hoy admitida, puede dejar de estarlo en algún momento de los próximos años, aunque sin fecha cerrada todavía.

Recursos, precedentes y lo que todavía no ha ocurrido en Vigo

A nivel individual, el cauce para recurrir un aviso o, llegado el momento, una multa de la ZBE de Vigo es el habitual en derecho administrativo sancionador: alegaciones dentro de plazo ante el propio Concello, recurso de reposición si no prosperan y, en última instancia, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A nivel político, más allá del voto en contra de PP y BNG en el pleno de julio, no hemos encontrado constancia, en las fuentes consultadas para este análisis, de que exista ya un recurso contencioso-administrativo admitido a trámite específicamente contra la ordenanza de Vigo, ni una sentencia que la afecte de forma directa.

Eso no significa que el escenario sea improbable: en los últimos dos años, asociaciones como Liberum y el partido Vox han conseguido que distintos tribunales superiores de justicia anularan, total o parcialmente, ordenanzas de zonas de bajas emisiones en ciudades como Madrid o Guadalajara, generalmente por defectos en la tramitación administrativa, como la falta de un informe económico completo, más que por el fondo ambiental de la medida. Si algún día se presenta un recurso equivalente contra la ordenanza de Vigo, es previsible que los argumentos sigan ese mismo patrón. A fecha de esta revisión, sin embargo, lo único confirmado es la ordenanza vigente, el año de avisos en marcha y la ausencia de cualquier resolución judicial que la haya puesto en entredicho.