ZBE Ourense: multa de 200 € antes de tener cámaras que la hagan cumplir

Ourense se incorporó tarde, y de forma accidentada, al mapa de las zonas de bajas emisiones españolas. La ciudad debía tener la suya en marcha desde antes de 2023, por mandato del artículo 14 de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes. No llegó a aprobar la ordenanza hasta el verano de 2025, y desde entonces ha ido encadenando plazos que se incumplen por poco: primero fue la entrada en vigor sin sanciones, luego el arranque real de las multas el 1 de julio de 2026, y en paralelo, casi como un contrapunto incómodo, la licitación de las cámaras que deberían sostener todo el sistema, publicada apenas semanas antes de esa fecha. El resultado es una ciudad de algo más de 105.600 habitantes, según el padrón continuo de 2025, que multa por primera vez con 200 euros a quien entra en su centro sin la etiqueta adecuada, sin tener todavía la certeza pública de que las cámaras y los carteles que deberían advertirlo estén ya en la calle.

Un perímetro de 56 hectáreas que no es exactamente la zona peatonal

La Zona de Bajas Emisiones Ourense Centro ocupa, según la ficha oficial del Concello, el espacio interior delimitado por la avenida da Habana, la plaza de Concepción Arenal, la rúa do Progreso, la rúa da Coruña, la rúa Pena Trevinca y la rúa Emilia Pardo Bazán. Esas calles, precisa la propia web municipal, no forman parte de la zona: son el límite exterior que la define, de modo que quien circula por ellas no necesita etiqueta, y quien gira hacia el interior sí. En conjunto, el área suma 56 hectáreas y algo más de 3,6 kilómetros de perímetro, sobre el casco histórico y parte del ensanche, con más de once mil vecinos empadronados dentro, en una de las zonas de mayor densidad comercial y residencial de la ciudad.

Lo que complica la lectura para cualquiera que llegue de fuera es que esta Zona de Bajas Emisiones convive con una Zona Peatonal (ZPA) que no dibuja exactamente el mismo contorno. La ZPA cierra al tráfico rodado un grupo más reducido de calles, entre ellas Bedoya, la avenida de Buenos Aires, Valle Inclán, Arturo Pérez Serantes, Cardenal Quevedo y el lateral del parque de San Lázaro, con acceso reservado a residentes, emergencias, taxis y reparto en horario tasado, de 7:30 a 11:00 horas de lunes a sábado y de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, con un límite de velocidad de 20 kilómetros por hora y una parada técnica máxima de veinte minutos. La prensa local ha documentado que, de los trece accesos que delimitan ambos perímetros, hasta siete no coinciden exactamente entre la ZBE y la ZPA, un desajuste que convierte la delimitación en lo que un reportaje describió como un auténtico laberinto para el conductor que no conoce la ciudad.

Del acuerdo de 2022 al pleno dividido de julio de 2025

El proyecto arrancó formalmente cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la modificación del Plan de Movilidad Urbana para incorporar la propuesta de zona de bajas emisiones, un trámite previo obligado antes de redactar la ordenanza. Esa ordenanza no llegó al pleno hasta bastante después, y cuando lo hizo no salió con consenso: el 4 de julio de 2025, el pleno del Concello de Ourense aprobó definitivamente el texto con los votos a favor de Democracia Ourensana, el partido del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, la abstención del Partido Popular y del PSOE, y el voto en contra del BNG. El texto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense el 23 de octubre de 2025, con una corrección de errores publicada el 5 de noviembre siguiente.

El propio alcalde ha reconocido en varias ocasiones que demoró la puesta en marcha «lo máximo posible», alegando falta de recursos humanos y la complejidad técnica del expediente, además de cierta inseguridad jurídica en la normativa estatal de referencia. La restricción por etiqueta ambiental entró en vigor el 26 de diciembre de 2025, coincidiendo con la ampliación de la zona peatonal, pero durante esos primeros meses el régimen fue solo informativo: se enviaban avisos, no sanciones. Las multas de verdad, tanto en la ZBE como, previamente, en la zona peatonal, llegaron después, en dos fechas distintas que conviene no confundir.

Etiquetas que entran y coche que se queda fuera

El sistema de Ourense sigue el esquema estándar de la DGT: pueden circular sin ninguna gestión adicional los vehículos con etiqueta 0 emisiones (eléctricos puros, híbridos enchufables de autonomía superior a 40 kilómetros y pila de combustible), ECO (híbridos no enchufables, vehículos de gas natural o licuado), C (gasolina matriculado desde enero de 2006, diésel desde septiembre de 2015) y B (gasolina desde enero de 2001, diésel desde 2006). Queda fuera, salvo autorización, el vehículo que no tiene ninguna etiqueta, es decir, en la práctica, la gasolina anterior al año 2000 y el diésel anterior a 2006. La calculadora ZBE de ConductorPro permite comprobar, a partir de la matrícula, qué distintivo corresponde a un coche concreto antes de planear un desplazamiento al centro de la ciudad.

El control, según explica el propio Concello, no exige llevar la pegatina física pegada al parabrisas: el sistema de cámaras está pensado para cruzar automáticamente la matrícula leída con el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y con el registro municipal de autorizaciones, de modo que la lectura decide por sí sola si el vehículo puede o no circular por el perímetro en el momento del paso.

El agujero de las cámaras: licitación en junio, multas en julio

Aquí está el punto que ha generado más ruido en la prensa gallega y que da título a este análisis. El Concello de Ourense sacó a licitación a principios de junio de 2026 el suministro e instalación de las 28 cámaras de videovigilancia necesarias para controlar la ZBE, con un presupuesto superior a 700.000 euros, y a fecha de los reportajes de julio de ese año la adjudicación todavía no había concluido ni la obra había comenzado. Pese a ello, el régimen sancionador arrancó igualmente el 1 de julio, tal y como marcaba la ordenanza, sin que existiera un cronograma público de instalación. Un reportaje de Motor16 describió la situación con una imagen elocuente: el pictograma de restricción por emisiones, ya habitual en decenas de ciudades españolas, «no se encuentra en ningún poste ni pórtico» de Ourense, y la única información disponible sobre el perímetro es un plano digital en la web municipal.

El propio delegado sindical de la Policía Local, Bautista Rodríguez, del sindicato SPPME, declaró a la prensa que los agentes no habían recibido «directrices internas, cero» sobre cómo aplicar la normativa sobre el terreno. No hemos podido confirmar, a fecha de esta revisión, si las cámaras licitadas en junio de 2026 están ya instaladas y operativas, ni si la Policía Local ha recibido protocolo de actuación desde entonces; lo señalamos como una cuestión abierta en lugar de darla por resuelta, precisamente porque es el dato que más deprisa puede cambiar de todo lo que recoge este análisis.

Quién puede olvidarse de la etiqueta: residentes, garajes y diecinueve modelos de autorización

La ordenanza reconoce un grupo amplio de exenciones sin necesidad de trámite previo: el acceso a aparcamientos públicos dentro del perímetro durante un máximo de quince minutos, los residentes empadronados que sean propietarios o conductores habituales registrados de un vehículo, los titulares de plaza de garaje, las personas con tarjeta municipal de estacionamiento para movilidad reducida, la carga y descarga de mercancías en su horario permitido y los servicios esenciales, entre ellos ambulancias, servicios médicos, funerarios, transporte escolar, taxis y autoescuelas. A eso se suma un catálogo detallado de hasta diecinueve modelos de autorización específica que se tramitan en la sede electrónica municipal, pensados para situaciones muy concretas: el residente con vehículo de renting o leasing, el titular de garaje cuyo coche no está a su propio nombre, el comercio con clientes que necesitan acceder, las familias con hijos escolarizados dentro de la zona, los trabajadores con empleo en el perímetro, los cuidadores de personas dependientes, los repartidores, los huéspedes de hotel, la seguridad privada, las obras de mantenimiento de infraestructuras, los talleres de reparación, las mudanzas, los vehículos matriculados fuera de España y los accesos puntuales por eventos o ceremonias.

El plazo para solicitar cualquiera de estas autorizaciones es de cinco días hábiles desde el primer acceso sin haber sido sancionado todavía, la resolución municipal tiene de plazo máximo un mes y, si el Concello no contesta en ese tiempo, la autorización se entiende concedida por silencio administrativo positivo. Quien haya recibido una notificación y crea que encajaba en alguno de estos supuestos puede apoyarse en la calculadora de multa con plantilla de recurso de ConductorPro para identificar el argumento más sólido antes de presentar las alegaciones.

Lo que dice el Consello de Contas: casi 740.000 euros de fondos europeos en juego

El 8 de abril de 2026, el Consello de Contas de Galicia, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas autonómicas, hizo público un informe sobre la implantación de la ZBE de Ourense que va bastante más allá de la simple crítica al retraso. El documento advierte de que el Concello afronta «un riesgo relevante de perder 738.867,65 euros» de financiación europea por los sucesivos aplazamientos en el calendario, y señala tres carencias técnicas concretas: no se realizó un análisis de los flujos de tráfico en horas punta antes de diseñar el perímetro, no se identificaron con precisión las zonas de población más vulnerable para reforzar su protección, y los aparatos de medición de la calidad del aire que debían validar el impacto ambiental de la medida estaban situados, según el propio informe, fuera del perímetro restringido, lo que compromete cualquier intento de comparar la contaminación de antes y después de la ZBE con esos mismos datos. El informe recuerda, además, que la zona debería haber estado operativa antes de 2023 por mandato de la Ley 7/2021, y que la implantación real no empezó hasta diciembre de 2025, casi tres años después del plazo legal.

El Gobierno municipal de Jácome respondió a esas conclusiones con el mismo argumento que ha repetido en otros frentes: falta de recursos humanos, complejidad técnica del expediente y la incertidumbre de una normativa estatal que, a su juicio, ha ido cambiando por el camino. El Consello de Contas, por su parte, instó al Concello a adaptar su planificación y sus protocolos de medición para no comprometer el resto de la financiación europea todavía pendiente de justificar.

Aparcar fuera y llegar de otra forma: la promesa de disuasorios que no llega

Una de las piezas que debería acompañar a cualquier ZBE, la de ofrecer alternativas reales a quien no puede o no quiere circular con un coche sin etiqueta, es precisamente donde Ourense arrastra un déficit más antiguo que la propia ordenanza. El Plan de Aparcamientos Disuasorios de la Xunta de Galicia preveía hasta seis bolsas de estacionamiento en puntos estratégicos como O Couto, el recinto ferial de Expourense, el campus universitario y los principales accesos a la ciudad, pensadas para dejar el coche fuera y completar el trayecto a pie o en transporte público. Año y medio después de aprobarse la ordenanza de la ZBE, ese plan sigue prácticamente en el papel: según reveló un reportaje de La Región en marzo de 2026, el único proyecto que avanza con visos de convertirse en realidad es el aparcamiento de Ponte Canedo, mientras el resto de bolsas prometidas continúa sin fecha de ejecución.

El problema se agrava porque la propia implantación de la ZBE, unida a la peatonalización del centro, eliminó de un plumazo unas 900 plazas de rotación de la antigua zona azul (ORA), que hasta entonces ofrecían aparcamiento de corta duración en pleno centro. El resultado, según ese mismo reportaje, es una ciudad que dispone de en torno a 18.000 plazas en superficie y 5.000 en aparcamientos subterráneos para más de 150.000 desplazamientos diarios en vehículo privado, un mapa de aparcamiento que, en palabras del propio periódico, «es casi el mismo que hace dos décadas». Quien busque una alternativa ya operativa, y no solo prometida, puede recurrir al aparcamiento del entorno de As Lagoas, próximo al centro comercial y a la iglesia de Cristo Rei, con conexión de autobús urbano hacia el casco histórico; no hemos podido confirmar con una fuente municipal oficial que esta bolsa forme parte del plan de disuasorios ligado a la ZBE, así que la mencionamos como una opción práctica de aparcamiento cercano, no como una medida oficial de la ordenanza.

La fase 2 de 2029 y el resto de la ciudad

La ordenanza no termina en el perímetro actual. Está prevista una segunda fase, que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2029, con la que la restricción por etiqueta ambiental se extendería a ejes hoy todavía libres de circulación dentro del propio ámbito de la ZBE, como Juan XXIII, Concejo y Curros Enríquez hasta su cruce con la avenida da Habana. Es, en cualquier caso, una fecha lejana y sujeta al mismo patrón de retrasos que ha marcado toda la implantación de la ZBE ourensana hasta ahora, así que conviene tomarla como una previsión normativa, no como un compromiso cerrado.

¿Vale la pena recurrir? Lo que se sabe y lo que todavía no

A diferencia de otras ciudades que ConductorPro ha analizado, como Valladolid o Granada, donde ya hay sentencias o recursos judiciales en marcha contra la propia ordenanza, no hemos localizado ningún recurso contencioso-administrativo presentado contra la ZBE de Ourense a fecha de esta revisión. Lo que sí existe es la vía del recurso individual, la que sigue cualquier sancionado: alegaciones dentro de plazo, recurso de reposición ante el propio Concello y, si no prospera, vía contencioso-administrativa. Los argumentos con más recorrido, a la vista de lo documentado por la prensa local, son la falta de señalización física adecuada en el momento de la sanción, la ausencia de directrices operativas confirmadas para la Policía Local y, en casos concretos, la discrepancia entre el límite de la ZBE y el de la zona peatonal en los siete accesos donde ambos perímetros no coinciden. Ninguno de estos argumentos garantiza el resultado de un recurso, que depende siempre de las circunstancias exactas de cada notificación, pero conviene tenerlos presentes antes de descartar la posibilidad de recurrir solo por pagar con el descuento del 50 % dentro de los primeros veinte días.