Sentencia judicial

La sentencia judicial es la resolución que el tribunal dicta al término del procedimiento, resolviendo el fondo del asunto y poniendo fin a la instancia. En materia de tráfico es habitual encontrar sentencias en tres jurisdicciones distintas con consecuencias muy diferentes para el conductor: las del orden contencioso-administrativo cuando se recurre judicialmente una sanción de la Dirección General de Tráfico o de un ayuntamiento, las del orden penal cuando la conducta entra en el Código Penal (alcoholemia elevada, velocidad muy alta, conducción temeraria, negativa a las pruebas, conducción sin permiso), y las del orden civil cuando se discute responsabilidad por daños entre particulares o frente a aseguradoras.

La sentencia adquiere firmeza cuando agota todas las posibilidades de recurso ordinario disponibles o cuando estos no se presentan en plazo. La firmeza es decisiva para los efectos prácticos: una sentencia firme genera cosa juzgada y los hechos declarados probados vinculan a las partes en cualquier procedimiento posterior. Mientras la sentencia no es firme, sus efectos pueden quedar suspendidos según el supuesto y la admisión a trámite del recurso interpuesto.

Las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) en la Sala de lo Contencioso-Administrativo son especialmente relevantes en tráfico porque resuelven los recursos contra las resoluciones definitivas de la administración. La doctrina de los TSJ tiende a estabilizarse alrededor de criterios reiterados que sirven como referencia interpretativa, aunque sin valor vinculante para tribunales inferiores salvo en supuestos muy específicos. La doctrina del Tribunal Supremo en casación sí tiene valor vinculante para tribunales inferiores y resuelve discrepancias interpretativas entre las distintas salas de los TSJ.

La inadmisión de un recurso de casación por el Tribunal Supremo no implica pronunciamiento sobre el fondo, sino solo que el caso no presenta el interés casacional objetivo que la sala exige para entrar a conocer. La sentencia recurrida queda firme. Es el supuesto que ocurrió en abril de 2026 con la sentencia 405/2024 del TSJ de Madrid sobre la Ordenanza de Movilidad Sostenible (Madrid 360), cuya anulación parcial quedó firme por inadmisión del recurso del Ayuntamiento. Para detalle del caso, ver nuestra pieza de actualidad sobre <a href="/actualidad/madrid-zbe-supremo-ordenanza-2-2026/">Madrid ZBE tras el Supremo</a>.