Notificación administrativa

La notificación administrativa es el eslabón procesal que conecta la actuación de la administración con el derecho de defensa del interesado. En procedimiento sancionador de tráfico es la fase más sensible: hasta que la notificación es válida, el plazo para alegar o pagar con descuento no empieza a correr; si la notificación tiene defectos formales suficientes para generar indefensión efectiva, el procedimiento completo puede ser nulo (artículo 47.1.a Ley 39/2015).

El régimen general está en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015. La especialidad de tráfico aparece en los artículos 89 y 90 del RDL 6/2015: el domicilio relevante es el del Registro de Conductores e Infractores, no el del empadronamiento. Los cinco canales de notificación habituales son: presencial por agente, postal con acuse de recibo, postal con dos intentos en horas distintas, edictal en BOE (TEU) si los anteriores fallan, y electrónica (obligatoria para personas jurídicas y profesionales del art. 14.2 Ley 39/2015).

Los defectos más frecuentes son la notificación a domicilio anterior cuando la administración pudo conocer el actual, el segundo intento postal en horas iguales o con diferencia inferior al margen mínimo de tres horas que exige el artículo 42.2 de la Ley 39/2015 —criterio que las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia vienen aplicando de forma reiterada—, la edictal sin haber agotado la postal previa y la electrónica activada por el interesado para un trámite puntual y mantenida activa indefinidamente. La doctrina constitucional consolidada exige indefensión real, no meramente formal: si el conductor pudo conocer la sanción y reaccionar pese al defecto, no procede nulidad.

La práctica más reciente ha consolidado el papel de la Dirección Electrónica Vial (DEV), creada por la reforma de la Ley 18/2021. Para los conductores que activaron la DEV voluntariamente, la notificación electrónica es plenamente válida y se entiende practicada al décimo día natural de su puesta a disposición si no se accede al buzón. Esa puesta a disposición no se interrumpe por vacaciones, hospitalización o estancia en el extranjero, salvo que el conductor active el modo de cortesía en plazo. La consecuencia operativa: muchas sanciones se entienden firmes sin que el interesado haya abierto el aviso, lo que limita el margen de recurso una vez expirado el plazo. La buena práctica es revisar el buzón DESDE la web oficial al menos cada quince días o, alternativamente, no activarla si el riesgo de olvido pesa más que la comodidad de la vía electrónica.