Recurso por radar con
calibración caducada o defectuosa

Los radares —los cinemómetros, técnicamente— son instrumentos de medida sometidos a control metrológico legal. Como toda balanza homologada o todo surtidor de gasolinera, deben pasar verificación periódica para mantener su capacidad probatoria. La Orden ITC/3022/2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio establece el marco: una verificación primitiva al inicio de su vida útil, una verificación periódica anual y una verificación después de reparación si el aparato se manipula.

La consecuencia jurídica del incumplimiento es clara: una medición tomada con un cinemómetro fuera de plazo de verificación no es prueba válida en el procedimiento sancionador. La carga de acreditar la vigencia recae en la administración (artículo 77 Ley 39/2015 y artículo 89 RDL 6/2015), no en el conductor. Y aquí está la oportunidad que muchos expedientes ofrecen: la administración no siempre incorpora de oficio el certificado al expediente, y cuando lo aporta, no siempre coincide con el aparato concreto que captó la infracción.

Marco normativo: los tres tipos de verificación

La Orden ITC/3022/2007 distingue tres categorías de verificación con periodicidad distinta. La verificación primitiva se realiza tras la fabricación, con carácter previo a la primera puesta en servicio. Acredita que el modelo cumple los requisitos del Real Decreto 889/2006 sobre control metrológico del Estado. La verificación periódica se realiza anualmente —12 meses naturales desde la fecha de la última certificación— y verifica que el aparato individual sigue dentro de los márgenes de error permitidos. La verificación tras modificación o reparación sustituye a la periódica cuando el aparato se ha intervenido.

La diferencia importa procesalmente: si el aparato se reparó dos meses antes de la captación pero solo figura el certificado periódico antiguo, el certificado válido es el de modificación, no el periódico previo. La administración debe aportar el adecuado.

Cómo verificar si tu caso tiene base

El boletín de denuncia y la notificación del expediente incluyen siempre la identificación del cinemómetro: marca, modelo y número de serie del aparato. Esos tres datos son la llave del recurso: con ellos puedes solicitar al órgano sancionador la incorporación al expediente del certificado de verificación correspondiente al aparato concreto, con vigencia en la fecha de la captación. La solicitud se hace dentro del mismo escrito de alegaciones, con fórmula expresa:

«SOLICITO la incorporación al expediente del certificado de verificación periódica del cinemómetro marca [marca], modelo [modelo], número de serie [número], vigente en la fecha de la presunta infracción».

La administración debe aportar el certificado y darte traslado para nuevas alegaciones. Tres situaciones favorables al recurso: (1) no se aporta certificado, (2) el certificado corresponde a otro aparato (número de serie distinto), (3) el certificado tiene fecha posterior a la captación o anterior con más de 12 meses respecto a ella.

Jurisprudencia consolidada

La doctrina judicial es estable, aunque la enunciamos aquí sin cita de sentencia individual porque las bases públicas de jurisprudencia no siempre ofrecen enlace estable para su verificación. El criterio reiterado de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia anula sanciones por exceso de velocidad cuando el certificado aportado por la administración tiene una fecha que no cubre el momento de la captación: el certificado está caducado y la administración no puede subsanar el defecto a posteriori aportando uno nuevo, porque la vigencia debe ser contemporánea al hecho.

Ese mismo criterio reiterado va más allá en otro punto: la falta del certificado vigente elimina el valor probatorio incluso cuando se acredita que el cinemómetro mantuvo su correcto funcionamiento técnico, porque la presunción legal está vinculada a la formalidad del certificado, no al estado real del aparato. Es un criterio técnicamente discutible pero útil para el recurrente.

Sobre la carga probatoria en el procedimiento sancionador en general, las Salas de lo Contencioso-Administrativo vienen reiterando que la presunción de inocencia exige prueba inequívoca, lo que en materia de radares se traduce en certificado vigente y trazable.

Estructura del escrito y plantilla

La plantilla rellenable de este tipo de recurso forma parte de la calculadora de multas. La estructura recomendada es:

1. Identificación: datos del expediente, recurrente y representación (si la hay).
2. Hechos: fecha de captación, ubicación, identificación exacta del cinemómetro tal como figura en la notificación.
3. Fundamentos de derecho: Orden ITC/3022/2007, artículos 77 Ley 39/2015 y 89 RDL 6/2015, y el criterio reiterado de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sobre la vigencia del certificado.
4. Solicitud de prueba: incorporación del certificado de verificación vigente.
5. Solicitud final: archivo del expediente o, subsidiariamente, retroacción para aportar prueba documental.

Casos especiales: tramo, móvil sobre coche patrulla y aplicaciones GPS

Los radares de tramo requieren certificación específica del sistema integrado, distinta de la del cinemómetro individual: la sincronización temporal entre las dos cámaras y la distancia oficial son elementos certificables independientes. Es la causa desarrollada en la guía sobre radares de tramo.

Los radares móviles instalados sobre coche patrulla exigen además la certificación del soporte: cada reubicación del aparato en un vehículo distinto debe documentarse. Si la administración no acredita esa trazabilidad, el criterio reiterado de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (también citado en la guía sobre radar de tramo) ha anulado expedientes por esa razón.

Las aplicaciones de medición instaladas en smartphones de agentes carecen de certificación metrológica y no son prueba válida por sí mismas. Si la infracción se basa exclusivamente en una medición de este tipo, el recurso tiene probabilidad alta de prosperar.

Qué hacer si las alegaciones se desestiman

Si la resolución sancionadora reitera la sanción sin contestar adecuadamente al argumento metrológico, procede recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (artículo 123 Ley 39/2015) o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo en dos meses (Ley 29/1998). En sede contenciosa, la prueba documental sobre el cinemómetro suele decantarse a favor del recurrente cuando el certificado aportado no cubre exactamente la fecha y el aparato. Para sanciones de cuantía elevada o con puntos en juego, la consulta con abogado especializado es razonable.